El Presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha rechazado los llamamientos de la oposición para elecciones inmediatas, a raíz de la dimisión de los Ministros de Finanzas y Relaciones Exteriores con una semana de diferencia. Las renuncias fueron ambas relacionadas con las medidas de austeridad del país, con el Ministro de Finanzas sintiendo que su posición había sido socavada por el hecho de no obtener dos presupuestos sucesivos plenamente implementados y las reversiones de algunas de sus políticas por parte de la Corte Constitucional. Su colega renunció porque el gobierno no estaba dispuesto a cambiar de rumbo en la austeridad, que es muy impopular con el pueblo de Portugal (naturalmente) y es culpado, en algunos sectores, de la prolongación de la crisis portuguesa.
La incertidumbre sobre la viabilidad del gobierno de coalición de Portugal ha llevado al aumento de los rendimientos de los bonos españoles e italianos. En caso de que los portugueses quisieran recaudar fondos a través del mercado de bonos, el BCE podría intervenir para comprarlos si los rendimientos del mercado se hicieran prohibitivos, ya que Portugal ha recibido un rescate del FMI/UE -en principio, Italia y España no podrían beneficiarse de este apoyo-, ya que ellos no recibieron este tipo de rescate.
El Presidente Silva ha aprobado un cambio de gabinete y está instando a que se llegue a un compromiso que evite la posibilidad de que Portugal necesite recurrir a sus socios de la UE para un segundo rescate. En su opinión, consentir a la solicitud de disolver el Parlamento sería "muy negativa" para la credibilidad de Portugal. El rescate se encuentra en el segundo de sus tres años de vigencia. Hizo un llamado a las partes a trabajar juntos hasta que los términos del rescate hayan expirado. "Daré mi firme apoyo a este acuerdo, que en el contexto actual de emergencia representa un verdadero compromiso de salvación nacional", dijo.
El paquete de rescate requiere que Portugal haga reformas para poner su economía sobre una base estable, lo que implica aumentos de impuestos y reformas del mercado de trabajo. La idea era regresar el déficit público por debajo del 3% del PIB al final del ejercicio. El desempleo en el país se sitúa en el 17,5% y se espera que la economía se contraiga un 2,3% este año.