Japón tiene una población que envejece, lo que significa que los costos de seguridad social en términos de salud y pensiones se incrementarán y serán absorbidos por poca población en edad laboral. Japón tiene una tasa de natalidad en descenso, con más personas muriendo que naciendo (9.38 contra 8.07 por cada 1000 habitantes, respectivamente). Actualmente, solo una persona de cada cuatro tiene más de 65 años y la tasa de nacimientos es de 1.4. El país también tiene la mayor deuda pública de las economías desarrolladas, con una deuda estimada en el 226% del PIB.
Japón ha estado marcado por la deflación durante los últimos 20 años. La deflación tiende a actuar como un lastre para la demanda interna, ya que la población posterga sus compras con la esperanza de que los precios sean menores en el futuro. El gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe ha hecho de la lucha contra la deflación una prioridad e intenta que la inflación llegue a un nivel del 2% anual. Con el fin de aumentar los ingresos del gobierno para poder afrontar aunque sea en parte los retos de su población en proceso de envejecimiento y las obligaciones que esto implica, se ha decretado un aumento en el impuesto a las ventas del 5% al 8% (a partir de este mes) y eventualmente a 10% a partir de octubre.
Los informes iniciales muestran un aumento en el gasto en marzo, ya que la población quería adelantarse a la subida del impuesto. Las ventas en marzo registraron un aumento del 11%, el mayor aumento visto en 17 años. Se espera que la inflación en abril llegue al 2.7%, lo que sería la subida más grande en los precios en 22 años.
La mayoría de bancos centrales apuntan a una inflación del 2%, ya que dicha cifra es considerada saludable para cualquier economía (como se explicó, la caída en los precios afecta la demanda interna en el largo plazo, mientras que una inflación estable es un factor positivo desde una perspectiva económica.